No miren el dedo... miren la luna...

Sigue la represión a estudiantes chilenos

Los estudiantes y trabajadores chilenos convocaron a una nueva marcha  para el 19 de octubre para exigir una educación de calidad y gratuita, tras los violentos incidentes que se registraron este jueves en una fuerte protesta estudiantil.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, explicó que la movilización se realizará en apoyo a las demandas estudiantiles y en contra de la represión de la policía que los estudiantes sufrieron en la manifestación del jueves, que terminó con 132 detenidos y 30 heridos.

"Hemos resuelto convocar para la próxima semana a todas las organizaciones sociales a una reunión para ver las características de la movilización del 19 de octubre. Convocamos a todas las organizaciones que están contra la represión", señaló Martínez en una conferencia de prensa junto a dirigentes estudiantiles.

"Queremos llamar a los chilenos a hacerse responsables y darle fuerza al movimiento, para manifestar nuestro repudio a esta represión", declaró la líder de los estudiantes Camila Vallejo.

Los dirigentes estudiantiles calificaron la actuación de la policía durante esta jornada "como una de las más violentas y represivas" de las que se hayan vivido hasta ahora en Chile.

"Lamentamos nuevamente como el Gobierno ha enfrentado el movimiento. La Intendencia (Gobernación) les dio libertad absoluta (a los carabineros) para reprimir, para no reunirse en los espacios públicos y esas cosas son inaceptables, porque violaron una libertad constitucional", agregó la líder de los estudiantes universitarios, Camila Vallejo.

Los estudiantes vienen realizando masivas protestas y ocupaciones ilegales de colegios y universidades desde que en mayo cuando se produjo el conflicto estudiantil en rechazo del actual sistema educativo heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Cerca de 250 detenidos en la marcha estudiantil

Al menos 250 jóvenes fueron detenidos este jueves al final de una nueva manifestación estudiantil luego de la ruptura de negociaciones de los estudiantes con el Gobierno.

Medios locales informaron que también se registraron incidentes graves en las ciudades de Concepción, Talca, Curicó, Valdivia y Valparaíso, donde Carabineros informó de la detención de 124 estudiantes.

El jueves por la noche el Colegio de Periodistas de Chile protestó enérgicamente ante el Gobierno por la conducta policial "que parece encaminada a impedir el derecho a la información y la libertad expresión".

"El carácter deliberado y abusivo del ejercicio de la violencia policial en contra de periodistas acreditados que se produjeron, representan una seria amenaza no solo contra el ejercicio de la labor profesional, sino a la esencia del sistema institucional democrático del país", según un comunicado.

En el texto, la entidad hace responsable de la actuación de carabineros al Ministerio del Interior, que en su opinión tiene la responsabilidad política de orientar y controlar la acción de las fuerzas policiales.

"Su actuación recuerda otros tiempos funestos de la historia nacional", agregaba el texto en referencia a la represión ejercida por la policía durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La jornada de este jueves finalizó con un cacerolazo realizado en la Plaza Italia y otros lugares de Santiago, hasta donde llegaron los principales dirigentes de los estudiantes y profesores, y en los edificios de departamentos sus residentes hicieron sonar sus ollas y sartenes en apoyo del movimiento estudiantil.

Juicios y condenas a represores

Gladis y Chiche

Por Sandra Russo

Unos días después de que salió a la venta mi libro, La Presidenta, iba a Radio Nacional a un programa de radio pero era temprano. Me fui a dos cuadras, al Florida Garden, a tomar un café. Me senté cerca de la puerta, y desde la mesa de al lado me miraban más insistentemente que de alguna otra. Era un grupo de hombres y mujeres de cincuenta y pico. Al toque, cuando hubo un choque de miradas, uno de los hombres se paró y se acercó. Después de presentarse, me dijo quiénes eran todos ellos. Eran de Las Flores. Eran los amigos de Chiche Labolita y de Gladis Dalessandro. Venían de dar testimonio en la Cámara de Casación.

Habían leído el capítulo “Gladis y Chiche”, en el que narro la historia de esa pareja de militantes que convivió con Néstor y Cristina Kirchner desde mediados de 1975 hasta el día del golpe de 1976.

En el reportaje a Gladis, que hizo Werner Pertot, ella mencionaba a Duret, pero cuando escribí ese capítulo, que es uno de los más largos del libro, omití su nombre porque decidí contar la historia sin entrar en el terreno de la causa. Lo que había pasado en esa causa era tan aberrante como el delito que le dio origen. Duret había sido absuelto, pese a haber dirigido el grupo de tareas que aquella noche de 1976 irrumpió violentamente en la casa de los Labolita.

El relato que hace Gladis de esa noche es uno de los más terroríficos que he escuchado. Chiche había vuelto a Las Flores para entregarse, si era necesario, a cambio de su padre, un dirigente de la Ctera al que habían encarcelado unos días después del golpe. Lo detuvieron enseguida, pero la detención fue legal apenas un día. Fue trasladado con dos sindicalistas de Luz y Fuerza hasta Azul, y allí no lo llevaron al penal, como a los otros dos detenidos. Lo dejaron en el Regimiento.

Cuando Gladis, su suegra y su cuñada intentaron verlo, no las dejaron. Pero esa misma noche, cuando Gladis ya se estaba durmiendo, la despertó el grupo de tareas comandado por Duret. La encañonaron y la llevaron a la puerta de la casa, donde primero vio a su suegro, al que habían sacado de la cárcel esa noche para ese operativo: a los dos les mostraron el bulto sangrante que era Chiche, reducido después de la tortura, sin uñas, suplicando que no le hicieran nada a su familia.

Habían ido a buscar una libreta que no encontraron o no existía. Como se frustraron, los metieron en dos autos. A Chiche en uno y a Gladis en otro, y los llevaron a recorrer Las Flores. No marcaron a nadie en las horas en las que los autos, uno de los cuales manejaba Duret, dieron vueltas y vueltas por el pueblo. Después a ella la bajaron, le hicieron un simulacro de fusilamiento y la dejaron inconsciente en el piso. La encontraron su suegra y su cuñada, al amanecer.

Pese a estos relatos de los que hubo testigos, un tribunal absolvió a Duret, y fue con obstinación militante que ni entonces, ni cuando la Justicia se les reía en la cara, esos familiares y amigos decidieron la apelación a Casación. No había antecedentes y había poca esperanza, pero decidieron seguir recorriendo cada paso del camino posible. Cuando aquella tarde en el Florida Garden esos amigos de Chiche y de Gladis me contaron que venían de declarar en Casación, los admiré. Porque pasaron más de treinta años. Porque el golpe de la absolución fue un cachetazo. Porque seguir peleando por justicia era para todos ellos ya, evidentemente, una manera de vivir.

Los acontecimientos a uno lo dejan boquiabierto. Pero el desenlace de esta historia tuvo el peso reparador que se merecían todas las víctimas. Las que desde hace treinta años buscan a Chiche, como Gladis, y Chiche.

Que Casación haya revertido la absolución, que lo haya condenado, que Duret se haya escapado a Chile, que Chile lo devolviera en un reflejo automático que deja intacto el concepto de crimen de lesa humanidad, es un broche de justicia para todos esos familiares y amigos que nunca, ni cuando tantos otros simplemente se hubieran rendido envenenados de impotencia, dejaron de honrar la memoria de Chiche poniendo esperanza donde la esperanza era improbable. Más allá de celebrar el fallo de la Cámara, el crédito de la Justicia se lo merecen ellos.

 Fuente:Página12

CINCO CONDENAS Y UNA ABSOLUCION EN EL PRIMER JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA

Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

Alemann va a juicio oral

La Cámara Federal porteña confirmó el juicio oral y público al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann. El ex funcionario está acusado de presenciar en 1980 el interrogatorio bajo tortura de Orlando Ruiz, detenido ilegalmente en el centro clandestino de detención montado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún rechazaron el planteo de nulidad presentado por la defensa contra los pedidos de elevación a juicio. Según la causa, Alemann fue “a la sala de torturas y partos conocida como Huevera” y vio a Ruiz, detenido ilegalmente desde mayo de 1980, quien se encontraba “encapuchado, esposado y engrillado” y no denunció el hecho.

Fuente: Página12

Imágenes de un modelo que se cae

Marcha en Nueva York pidiendo por trabajo (ayer)  









        

Marcha en Grecia "No al ajuste" (ayer)

Marcha en Chile pidiendo por educación gratuita (ayer)

Buenos Aires, diciembre 2001

Noeva York, octubre 2011

Chile, octubre 2011

Juicio a represores de la dictadura. Testimonios

Silvia Labairú contó cómo nació su hija en la ESMA y se la entregaron a sus suegros

“El cura sabía que era una secuestrada”

Durante un año y medio estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, y el Tigre Acosta hizo que su primo sacerdote le bautizara a su hija nacida en cautiverio. Contó que su caso fue excepcional: vio a otras embarazadas a las que les sacaron a sus hijos.

Jorge “El Tigre” Acosta es uno de los procesados. Enviaba a su primo cura a la ESMA.

Silvia Labairú ya había contado cómo se había organizado el bautismo de su hija mientras ella seguía secuestrada en la ESMA. Vera ya había nacido y por disposición de los marinos estaba con sus suegros. Silvia convenció a Jorge “El Tigre” Acosta para organizar la ceremonia de cristianización. El bautismo se hizo en la Iglesia San José, de Ayacucho al 1800, con un cura al que ella conocía porque la habían obligado a atenderlo cada vez que llegaba a la ESMA con carpetas llenas de artículos con las noticias de los asesinatos de esa guerra que iban ganando. El cura Eugenio Acosta era además primo hermano del jefe operativo de la ESMA. “Por supuesto que él ya sabía que yo era una secuestrada –dijo Labairú–, porque cuando bautizó a mi hija el cura dijo que esperaba que esta niña Vera no fuera mala como lo era su madre.”

Aún hoy Silvia Labairú no sabe por qué el Tigre Acosta la obligaba a atender a su primo: “Se presentaba con una careta así de grande con todos los artículos de prensa, donde se veía a cuántos grupos se había exterminado. Y venía a las doce de la noche y el capitán Acosta me hacía pasar a mí. No entendí nunca por qué tenía que atender a este señor y escuchar su charla en una oficina al lado de la suya. Sabía positivamente quiénes éramos nosotros y se presentaba para compartir la alegría por los asesinatos de las personas durante esa semana. Este era el clima”.

Desde Madrid, sentada frente a una computadora en el consulado argentino, Silvia volvió a dar testimonio en las causas de lesa humanidad, como lo hizo hace meses en el juicio por la ESMA, ahora en el debate por el Plan Sistemático de robo de bebés. Además del cura, en la audiencia mencionó otros dos nombres que dieron lugar a que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidiera remisión de la declaración al Juzgado Federal Nº 2 para una investigación paralela. Uno es Norberto Lataliste, hermano del dueño de la discoteca Mau Mau, a quien tuvo que reportarse ella después de su salida. Y el otro, el periodista Héctor Agulleiro, habitué de la Escuela de Mecánica de los marinos, nombrado director de Canal 13 en 1983. “Había personas del mundo civil, amigos del capitán Acosta que entraban ahí a ver el espectáculo: eran civiles que estaban cerca de esta gente, señoras de la alta sociedad, de la alta alcurnia, que celebraban con estos hechos.”

Como la clínica Otamendi

Silvia Labairú llegó a la ESMA el 19 de diciembre de 1976, con 20 años y un embarazo de cinco meses. De familia de militares, su padre era piloto de una línea comercial, pero pertenecía a la Fuerza Aérea; su abuelo, del Ejército, había sido ministro de Pedro Eugenio Aramburu. Ella era aspirante de la organización Montoneros, militancia que subrayó, y la ESMA tenía datos de sus parentescos. Alguna vez Acosta le advirtió que también iban a “chupar” a su padre, porque ella militaba en Montoneros y él, entonces, era un traidor. Después de la jura, de los datos protocolares pedidos por los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 6, Silvia volvió a la ESMA.

“Me adjudicaron el número 765, y a partir de ahí se suscitó un forcejeo en el interrogatario: me gritaban, me esposaron, me desnudaron, me golpeaban en un camastro pidiéndome información, era evidente mi estado de embarazo.” A los 20 días la llevaron a Capucha City: “Me tiraron en una colchonetita, con otros tirados en el suelo separados por tabiques, un número importante de secuestrados. Ibamos engrillados con cadenas cerradas por veinte eslabones”. La capucha; el engaño con el que dijo que tenía un mes más de embarazo como si eso sirviera de algo. Un balde, las necesidades físicas ahí. “En mi estado era realmente difícil además de vergonzante poder mantener equilibrio con un embarazo y tener que hacer necesidades delante de todo el mundo.”

La causa releva las condiciones físicas a las que eran sometidas las embarazadas para establecer la sistematicidad. Como a todo el mundo, “me despertaban con un golpe en la cabeza”, dijo. Recibió los mismos alimentos que el resto: mate cocido con un pedazo de pan a la mañana y el “bife naval”, un pedazo de carne fría. Hubo “excepciones” cuando “un jefe o una guardia” tenían “a bien facilitarme un saco de leche o vaso de leche de modo esporádico, y como cosa de piedad”. Hubo baños cada diez o quince días: “Me obligaban a desnudarme en situaciones en las que uno llamado Pedro Labruga me miraba con ojos lascivos estando muy embarazada”.

A los dos meses de llegar, otra compañera logró sumarla al trabajo esclavo con traducciones de inglés y francés. Silvia, que estuvo año y medio en la ESMA, debió, como contó una y otra vez, acompañar a Alfredo Astiz en la infiltración entre las Madres de Plaza de Mayo.

“A pesar de dejarme bajar a trabajar, Acosta no me miraba a los ojos, era como transparente para él y yo seriamente sospechaba que me iban a matar y que esperaban que diera a luz porque en ningún caso me trababan como de alguna manera trataban a los otros con los que conversaban.”

En abril de 1977 estaba de diez meses de embarazo. “El 28 de abril estaba en el sótano de la ESMA y rompí aguas y cuando lo dije llamaron a un enfermero. Me llevaron a la salita que paradójicamente era la misma donde me habían torturado el primer día.” El médico Héctor Magnacco llegó 45 minutos después. Una habitación para secuestrados empezó a funcionar como la Maternidad Clandestina de la ESMA o la Pequeña Sardá.

Como lo había dicho en la audiencia de la ESMA, Silvia contó ayer cómo el Ejército y la Marina buscaban a su cuñada María Cristina Lennie, oficial de Montoneros. Cuando los marinos le preguntaron qué fecha de nacimiento quería ponerle a su hija para inscribirla, trámite encargado a Astiz, ella le puso a su hija los datos de María Cristina Lennie: un mensaje en clave destinado a su familia también fue un mensaje cifrado para ellos. “Le puse Vera Cristina”, dijo y eligió la fecha del 18 de mayo de 1977 con la hora en la que los marinos encontraron y rodearon a María Cristina Lennie en un operativo en la calle y ella se tomó una pastilla de cianuro líquido para quitarse la vida.

Chicha de Mariani habla de las declaraciones del represor Etchecolatz sobre su nieta

“Es una tortura psicológica”

La mujer, que busca a su nieta secuestrada durante la última dictadura, contó que el ex segundo de la Bonaerense se negó ayer a aportar los datos que dijo tener. Cree que su objetivo es extorsionar a los que tienen a la joven o torturarla a ella.

“Le dimos la posibilidad de que hable y se echó atrás”, aseguró Chicha de Mariani.

“No tengo ninguna duda de que sabe qué pasó con mi nieta. Pero no tiene intención de decirlo, sólo quiere someterme”, consideró Chicha de Mariani respecto de los dichos en los que el represor Miguel Etchecolatz aseguró tener datos de su nieta de- saparecida, Clara Anahí. “Poca esperanza” en los aportes; “mucha pena”, aseguró tener la Abuela de Plaza de Mayo, quien busca a su nieta, desaparecida desde la misma noche de 1976 en la que policías represores asesinaron a su nuera. Ayer, el comisario retirado, que ya cumple una condena por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y que afronta otra por aquellos cometidos en el conocido Circuito Camps, se negó “rotundamente” a ampliar los “datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí” que supuestamente tiene en su poder, según dijo durante la declaración que prestó el lunes ante el Tribunal Oral Federal No1 de la Plata. “Dice que esperará a que termine el juicio para decirme qué pasó. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas”, concluyó Mariani.

–¿Cree que Etchecolatz tiene realmente la intención de aportar datos para encontrar a Clara Anahí?

–No. Me parece que los está negociando, está extorsionando a quienes tienen a la niña, o me está torturando a mí, una tortura psicológica. Ojalá este hombre tuviera un rasgo de humanidad y terminara con este infierno en el que vivo. No sé qué busca, es una más de sus canalladas. Hoy (por ayer) le dimos la posibilidad de que hable, y se echó atrás.

–¿Qué le propusieron?

–Sólo se le ofreció la posibilidad de concretar una entrevista con Juan María Ramos Padilla (amigo cercano de Chicha, juez de instrucción). El Tribunal aceptó la iniciativa, pero Etchecolatz se negó rotundamente. Yo no voy a ir, no quiero verlo. Ramos Padilla iría en mi representación esta misma tarde (por la de ayer) para escuchar lo que supuestamente sabe sobre mi nieta. Dijo que hablará después del juicio. Pero no voy a esperar un año y medio o dos para ese final. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas.

–¿Tienen alguna alternativa?

–Tomaremos otros caminos, pero aún no los hemos pensado. Declararé el miércoles que viene en el marco del juicio. Pienso decir todo lo que siento. y lo que deseo y lo que espero. Y después de eso, seguiré luchando.

–¿Etchecolatz es el único represor que está vivo y que puede tener datos de su nieta?

–Hay varios más. (El ex custodio de Etchecolatz, Norberto) Cozzani, (los policías) Carlos “Oso” García y Hugo Gullama, otros dos bonaerenses... Todos ellos participaron del operativo en el que asesinaron a mi nuera y se llevaron a Clara Anahí. Ellos saben perfectamente qué pasó. Muchas más personas deben saber, aquellos que mantuvieron relaciones de poder con esta gente. Cuando se llevaron a Clara Anahí me acerqué a la Iglesia (a la capilla Stella Maris) y el capellán me dijo que a mi nieta la tenía una familia de mucho poder. Mucha gente sabe, pero hicieron un pacto de silencio tremendo que no sé a qué atribuir. Pasaron 35 años y siguen mudos. Esta es la primera vez que se fisura, pero solo para molestar.

–¿Tiene alguna sospecha de quién puede llegar a ser esa familia poderosa que se apropió de su nieta?

–Sospechas tuve muchas a lo largo de todos estos años. Se hicieron análisis (de ADN) que no dieron compatibles. El último tramo de la búsqueda estuvo signado por este presentimiento mío de que Clara Anahí es Marcela Noble Herrera. Pero esa hipótesis también quedó en la nebulosa. Hay dos chicas más que se hicieron los análisis en estos días, pero ya no me hago ninguna ilusión hasta no tener los resultados sobre la mesa.

–¿Es la primera vez que escucha a Etchecolatz decir que tiene datos de su nieta?

–Es la primera vez. Se le ha preguntado muchas veces por información sobre la desaparición de mi nieta, y siempre negó saber nada. Nunca dijo nada. Ayer (por el lunes) mis dudas se confirmaron y siento pena. Ya tengo muchos años; tener que ponerme a pensar qué es lo que quiere, qué persigue con esto no es justo. Hubiera querido que la Justicia llegara antes (en el sentido del comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad). Estoy buscando a Clara Anahí, aportando datos a la Justicia, desde el día siguiente a su de-saparición. Siempre trabajé con la Justicia, además de buscarla hasta debajo de la tierra

Fuente: Página12

Huelga docente en Capital.

El proyecto que modifica el Estatuto del Docente empezó a tratarse en la Comisión de Educación de la Legislatura

Masivo rechazo docente al proyecto de Bullrich

El paro tuvo altísimo acatamiento y la movilización fue multitudinaria. El ministro de Educación defendió su propuesta, mientras que los gremios y la oposición lo rechazaron por inconsulto y le pidieron que lo retire

Con una adhesión estimada por los gremios en un 98 por ciento, los docentes porteños cumplieron ayer un paro de 24 horas y protagonizaron una masiva movilización, en rechazo al proyecto del gobierno de Mauricio Macri para modificar el Estatuto del Docente. Los manifestantes se concentraron en las puertas de la Legislatura, en cuyo interior el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, defendió su proyecto para reemplazar las Juntas de Clasificación docente –organismos encargados de los concursos para designaciones y ascensos de maestros y profesores– por un organismo cuyos integrantes son designados por el Ejecutivo. En la audiencia expresaron sus críticas legisladores de la oposición y dirigentes de casi todos los gremios que adhirieron a la protesta. Le pidieron al ministro que retire el proyecto e inicie un proceso de diálogo y consenso. Algunos docentes, amparados en dificultades personales, expresaron en cambio su apoyo a la modificación.

El Salón Montevideo estaba colmado, poco después de las 15, cuando comenzó la reunión de la Comisión de Educación. El oficialismo había copado el lugar con “funcionarios y empleados del ministerio, que tuvieron asueto”, según afirmó el diputado Francisco Nenna. También ingresó un grupo de docentes que acompañaron a los dirigentes gremiales. Sumados los asesores y periodistas, el ambiente se tornó agobiante e irrespirable.
El proyecto que Bullrich presentó a través de los diputados Victoria Morales Gorleri, Enzo Pagani (PRO) y Juan Pablo Arenaza (Coalición Cívica) modifica de raíz el sistema de concursos para la designación, traslados y ascensos de docentes. Hasta ahora, el sistema está a cargo de catorce Juntas de Calificación: dos para primaria y una para cada uno de los niveles o áreas. Cada junta está integrada por nueve miembros, seis elegidos por los docentes, en elecciones de todo el sector, y los otros tres son nombrados por el ministerio.
Tanto quienes propician el cambio como los que se oponen admiten que al menos seis de las juntas funcionan a la perfección mientras que en algunas de las otras ocho, correspondientes a nivel medio, se registran demoras en los concursos. Muchos de esos problemas obedecen a carencias tecnológicas, ya que los datos de legajos y puntajes deben cargarse en el sistema en forma manual.
La propuesta del ministerio incluye la informatización del sistema, que incluye la posibilidad de que los docentes se inscriban por Internet y de que los datos de su legajo y los puntajes puedan ser consultados on line. Esa innovación, que es largamente reclamada por los docentes a éste y a anteriores gobiernos, se presenta ahora como un Caballo de Troya que trae consigo el reemplazo de las juntas.
Según coincidieron ayer los representantes gremiales y los legisladores que vienen de la actividad docente, se trata nada menos que del cogobierno por parte de maestros y profesores en el sistema educativo, lo que garantizaría la transparencia en las designaciones y ascensos.
Lo explicó con claridad el titular de UTE, Eduardo López: “Hoy, en los concursos para ascensos, los jurados son tres y están elegidos por la junta, que tiene composición mixta, de trabajadores y del Estado; si se aprueba el proyecto de Bullrich, los jurados van a ser nombrados por la Oficina Unica de Clasificación; entonces, una secretaria que no entrega la lista de estudiantes que participaron en las tomas, o que no pasa los descuentos de los días de paro, nunca va a llegar a directora”.
“Lo que quieren es disciplinar a los docentes”, concluyó López.
Algunos docentes denunciaron casos individuales de supuestas arbitrariedades en las Juntas de Clasificación. Y una madre se quejó porque las maestras de sus hijos pegaron en el cuaderno de comunicaciones una nota en la que se compara el proyecto de Macri con las políticas de las dictaduras militares.
En tren de comparaciones, Bullrich cotejó los estatutos del docente de las provincias con el porteño y dijo que el de la ciudad es “el más engorroso y lento”. Insistió con que “muchos de los trescientos docentes que trabajan en las juntas podrían estar cubriendo funciones al frente de las aulas”, cuestionó las titularizaciones masivas de profesores de media que hace periódicamente la Legislatura y mencionó informes de auditorías de 2002, 2004 y 2009 en los que se cuestionaba el funcionamiento de algunas de las juntas y agregó que, desde 1986, cuando se puso en vigencia el Estatuto, la Legislatura le hizo 51 modificaciones. “Lo que buscamos es mejorar la calidad educativa. Lo demás, es discurso para la tribuna”, cerró Bullrich, con un cerrado aplauso de su tribuna.
La diputada Delia Bisutti replicó: “¿Por qué su gestión no hizo nada para mejorar lo que cuestionó la auditoría en 2009, y ahora quieren imponer una reforma a través de un proyecto que no fue consultado con los gremios?”. Para la legisladora, “el Estatuto es el convenio colectivo de trabajo de los docentes y debe ser modificado en una paritaria”.
María Elena Naddeo opinó que tal vez sean necesarios más de trescientos docentes para evaluar un sistema de 60 mil. “Plantean una reforma sin consulta previa, crean un conflicto y provocan el primer paro del año”, se asombró. Y concluyó que “comprometiendo la normalidad de las clases, sospechamos que quieren favorecer a las escuelas privadas”.
“Todos los proyectos de reforma del estatuto fueron discutidos con los sindicatos, menos este”, se extrañó Laura García Tuñón (Proyecto Sur). “Las titularizaciones a las que se refiere el ministro se hicieron con el consenso del PRO”, le respondió a Bullrich. Y denunció que algunos concursos están atrasados porque “el ministerio no publica las listas” de aspirantes y reclamó las mejoras de tecnología para las juntas “que siguen trabajando con el viejo sistema DOS”.
Sergio Abrevaya, con una posición equidistante entre el ministerio y los gremios, se pronunció en contra del proyecto tal como está: “No es posible que el sistema educativo tenga a los docentes fuera de sus lugares de decisión”. Su opinión es importante pues parte de su bloque, la Coalición Cívica, podría dar los votos que necesita el proyecto para ser aprobado .

Huelga General en Grecia en protesta por recortes del Gobierno

Grecia

Otra jornada de huelga en Atenas, mientras el FMI habla de una nueva recesión

Los dos principales sindicatos griegos realizan una nueva jornada de huelgas masivas en protesta por el programa de recortes del Gobierno, con medidas que paralizan los servicios públicos, además de ministerios, empresas estatales y colegios. Por su parte, el director del sector europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Antonio Borges, explicó que "el segundo plan de salvataje para Grecia, decidido en julio pasado, se debe revisar pues es preciso concentrarse más en la sustentabilidad de la deuda y el relanzamiento del crecimiento". Además, afirmó que no se puede excluir una recesión para el 2012, al presentar el informe sobre la situación económica en la Unión Europea (UE).

La policía detiene a un manifestante durante la represión en la central Plaza Syntagma, frente al Parlamento. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra centenares de jóvenes manifestantes que, a su vez, respondieron con piedras y botellas a los agentes.

Todos los vuelos a Grecia estaban suspendidos. Pese a ello no se vieron a muchos pasajeros varados, ya que las compañías aéreas habían informado a tiempo a sus clientes, según el aeropuerto de Atenas. Tampoco los trenes circulan desde la medianoche. Los conductores de colectivos dejaron de trabajar durante tres horas en la mañana y lo volverán a hacer por la noche.

Las huelgas fueron convocadas por los principales sindicatos del sector estatal (ADEDY) y privado (GSEE), mientras el gobierno planea el despido de unos 30 mil funcionarios públicos y el programa de recortes prevé un ahorro de otros 6.500 millones de euros (8.700 millones de dólares) en los próximos meses.

Durante las primeras movilizaciones, algunos jóvenes fueron heridos en el centro de Atenas durante incidentes con la policía que, con uniforme antitumultos, trató de dispersar una manifestación, según informaron radios locales.

Los incidentes se produjeron en la central Plaza Syntagma, frente al Parlamento, después que la policía lanzó gases lacrimógenos contra centenares de jóvenes manifestantes que, a su vez, arrojaban piedras y botellas a los agentes.

Grecia depende de las ayudas de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional, que decidirán en breve sobre la concesión del siguiente tramo del paquete de rescate al país heleno. Los créditos tienen como condición un duro programa de ajustes.

En ese sentido, Borges resaltó la necesidad de revisar el plan de ayuda y destacó que "no es urgente dar dinero a Grecia pues ahora no lo necesita. Tenemos tiempo para hacer nuestras evaluaciones sobre las medidas que ha tomado antes de dar luz verde a la sexta franja de ayudas", puntualizó. Ayer, el Gobierno helénico aseguró que cuenta con fondos para pagar sueldos y jubilaciones solo hasta noviembre. De todas maneras, apuntó: "Confiamos en que habrá un final positivo", tras las negociaciones entre Grecia y sus acreedores de la troika (FMI, la UE y el BCE)

Ley Contra el Abuso de Menores y Violencia Familiar

Cristina promulgó la Ley contra el abuso de menores

La presidenta Cristina Kirchner promulgó ayer en la residencia de Olivos la Ley Contra el Abuso de Menores y Violencia Familiar, por la cual se extienden los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores y que había sido aprobada en el Congreso el mes pasado.

La jefa de Estado firmó la promulgación de esa ley acompañada por el famoso diseñador y modisto Roberto Piazza, quien a través de su Fundación fue el principal impulsor de la normativa, conocida también como “ley Piazza”.

La norma modifica el Código Penal al establecer, entre otros puntos, que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual comienza a contar a partir de que el damnificado cumpla los 18 años de edad, lo que implica que se amplían los plazos para que esos delitos puedan ser todavía punibles.

Hasta ahora el plazo comenzaba a correr a partir de la medianoche de perpetrado el abuso, aún en los casos en que el abusador fuera el padre o tuviera a su cargo a la víctima. Pero como consecuencia del poder que suele ejercer el abusador sobre el abusado, en general las denuncias no se realizan a tiempo y por lo tanto los acusados no llegan a ser juzgados.

Participaron de la reunión en Olivos los especialistas en temas legales de la lucha contra abusos a menores y violencia familiar Walter Vázquez y los doctores Lidia Morselli y Rafael Matas, además de Piazza, quien fue víctima en su infancia de ese tipo de abusos.

Chile persiste en afirmar el modelo la educación como mercancia

En Chile quieren meter presos a estudiantes que tomen colegios

El presidente Piñera impulsa la reforma del Código Penal. Si la aprueba el Parlamento, endurecerá penas contra quienes “agredan a Carabineros” y “ocupen ilegalmente inmuebles”, entre ellos colegios y universidades.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, impulsa una reforma del Código Penal de ese país, en la que propone endurecer las penas contra quienes “agredan a Carabineros en manifestaciones públicas”, y establece como delito “la ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, entre ellos, colegios, liceos o universidades.

La norma incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales. En caso de que la reforma supere la aprobación del Parlamento, quienes ocupen los inmuebles se arriesgaran a penas de entre 541 días hasta tres años de cárcel, según informó el diario local La Tercera.

Piñera aseguró que desde que se apruebe el proyecto de ley para el cambio en el Código, “no será gratis atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos”.

“Estamos haciendo lo correcto, proteger a los inocentes y condenar a los delincuentes, los vándalos, los encapuchados nunca van a tener la última palabra en nuestra sociedad”, declaró el mandatario chileno.

El proyecto apunta a una de las principales medidas de presión ejercidas por el movimiento estudiantil que desde hace cinco meses reclama reformas estructurales en la educación.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la reforma como “impactante y compleja”. En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que “criminaliza el movimiento”.

El proyecto de ley firmado ayer por Piñera establece castigos a la falta de respeto a policías y establece como agravante el actuar con el rostro cubierto o encapuchado. Además tipifica figuras como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos.