Gladis y Chiche
Por Sandra Russo
Unos días después de que salió a la venta mi libro, La Presidenta , iba a Radio Nacional a un programa de radio pero era temprano. Me fui a dos cuadras, al Florida Garden, a tomar un café. Me senté cerca de la puerta, y desde la mesa de al lado me miraban más insistentemente que de alguna otra. Era un grupo de hombres y mujeres de cincuenta y pico. Al toque, cuando hubo un choque de miradas, uno de los hombres se paró y se acercó. Después de presentarse, me dijo quiénes eran todos ellos. Eran de Las Flores. Eran los amigos de Chiche Labolita y de Gladis Dalessandro. Venían de dar testimonio en la Cámara de Casación.
Habían leído el capítulo “Gladis y Chiche”, en el que narro la historia de esa pareja de militantes que convivió con Néstor y Cristina Kirchner desde mediados de 1975 hasta el día del golpe de 1976.
En el reportaje a Gladis, que hizo Werner Pertot, ella mencionaba a Duret, pero cuando escribí ese capítulo, que es uno de los más largos del libro, omití su nombre porque decidí contar la historia sin entrar en el terreno de la causa. Lo que había pasado en esa causa era tan aberrante como el delito que le dio origen. Duret había sido absuelto, pese a haber dirigido el grupo de tareas que aquella noche de 1976 irrumpió violentamente en la casa de los Labolita.
El relato que hace Gladis de esa noche es uno de los más terroríficos que he escuchado. Chiche había vuelto a Las Flores para entregarse, si era necesario, a cambio de su padre, un dirigente de la Ctera al que habían encarcelado unos días después del golpe. Lo detuvieron enseguida, pero la detención fue legal apenas un día. Fue trasladado con dos sindicalistas de Luz y Fuerza hasta Azul, y allí no lo llevaron al penal, como a los otros dos detenidos. Lo dejaron en el Regimiento.
Cuando Gladis, su suegra y su cuñada intentaron verlo, no las dejaron. Pero esa misma noche, cuando Gladis ya se estaba durmiendo, la despertó el grupo de tareas comandado por Duret. La encañonaron y la llevaron a la puerta de la casa, donde primero vio a su suegro, al que habían sacado de la cárcel esa noche para ese operativo: a los dos les mostraron el bulto sangrante que era Chiche, reducido después de la tortura, sin uñas, suplicando que no le hicieran nada a su familia.
Habían ido a buscar una libreta que no encontraron o no existía. Como se frustraron, los metieron en dos autos. A Chiche en uno y a Gladis en otro, y los llevaron a recorrer Las Flores. No marcaron a nadie en las horas en las que los autos, uno de los cuales manejaba Duret, dieron vueltas y vueltas por el pueblo. Después a ella la bajaron, le hicieron un simulacro de fusilamiento y la dejaron inconsciente en el piso. La encontraron su suegra y su cuñada, al amanecer.
Pese a estos relatos de los que hubo testigos, un tribunal absolvió a Duret, y fue con obstinación militante que ni entonces, ni cuando la Justicia se les reía en la cara, esos familiares y amigos decidieron la apelación a Casación. No había antecedentes y había poca esperanza, pero decidieron seguir recorriendo cada paso del camino posible. Cuando aquella tarde en el Florida Garden esos amigos de Chiche y de Gladis me contaron que venían de declarar en Casación, los admiré. Porque pasaron más de treinta años. Porque el golpe de la absolución fue un cachetazo. Porque seguir peleando por justicia era para todos ellos ya, evidentemente, una manera de vivir.
Los acontecimientos a uno lo dejan boquiabierto. Pero el desenlace de esta historia tuvo el peso reparador que se merecían todas las víctimas. Las que desde hace treinta años buscan a Chiche, como Gladis, y Chiche.
Que Casación haya revertido la absolución, que lo haya condenado, que Duret se haya escapado a Chile, que Chile lo devolviera en un reflejo automático que deja intacto el concepto de crimen de lesa humanidad, es un broche de justicia para todos esos familiares y amigos que nunca, ni cuando tantos otros simplemente se hubieran rendido envenenados de impotencia, dejaron de honrar la memoria de Chiche poniendo esperanza donde la esperanza era improbable. Más allá de celebrar el fallo de la Cámara , el crédito de la Justicia se lo merecen ellos.
Fuente:Página12
CINCO CONDENAS Y UNA ABSOLUCION EN EL PRIMER JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA
Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo
Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo
Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.
Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.
Un día histórico
Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.
El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.
“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.
Quién es quién
- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.
- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.
- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.
- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.
- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.
- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.
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