Juicios y condenas a represores

Gladis y Chiche

Por Sandra Russo

Unos días después de que salió a la venta mi libro, La Presidenta, iba a Radio Nacional a un programa de radio pero era temprano. Me fui a dos cuadras, al Florida Garden, a tomar un café. Me senté cerca de la puerta, y desde la mesa de al lado me miraban más insistentemente que de alguna otra. Era un grupo de hombres y mujeres de cincuenta y pico. Al toque, cuando hubo un choque de miradas, uno de los hombres se paró y se acercó. Después de presentarse, me dijo quiénes eran todos ellos. Eran de Las Flores. Eran los amigos de Chiche Labolita y de Gladis Dalessandro. Venían de dar testimonio en la Cámara de Casación.

Habían leído el capítulo “Gladis y Chiche”, en el que narro la historia de esa pareja de militantes que convivió con Néstor y Cristina Kirchner desde mediados de 1975 hasta el día del golpe de 1976.

En el reportaje a Gladis, que hizo Werner Pertot, ella mencionaba a Duret, pero cuando escribí ese capítulo, que es uno de los más largos del libro, omití su nombre porque decidí contar la historia sin entrar en el terreno de la causa. Lo que había pasado en esa causa era tan aberrante como el delito que le dio origen. Duret había sido absuelto, pese a haber dirigido el grupo de tareas que aquella noche de 1976 irrumpió violentamente en la casa de los Labolita.

El relato que hace Gladis de esa noche es uno de los más terroríficos que he escuchado. Chiche había vuelto a Las Flores para entregarse, si era necesario, a cambio de su padre, un dirigente de la Ctera al que habían encarcelado unos días después del golpe. Lo detuvieron enseguida, pero la detención fue legal apenas un día. Fue trasladado con dos sindicalistas de Luz y Fuerza hasta Azul, y allí no lo llevaron al penal, como a los otros dos detenidos. Lo dejaron en el Regimiento.

Cuando Gladis, su suegra y su cuñada intentaron verlo, no las dejaron. Pero esa misma noche, cuando Gladis ya se estaba durmiendo, la despertó el grupo de tareas comandado por Duret. La encañonaron y la llevaron a la puerta de la casa, donde primero vio a su suegro, al que habían sacado de la cárcel esa noche para ese operativo: a los dos les mostraron el bulto sangrante que era Chiche, reducido después de la tortura, sin uñas, suplicando que no le hicieran nada a su familia.

Habían ido a buscar una libreta que no encontraron o no existía. Como se frustraron, los metieron en dos autos. A Chiche en uno y a Gladis en otro, y los llevaron a recorrer Las Flores. No marcaron a nadie en las horas en las que los autos, uno de los cuales manejaba Duret, dieron vueltas y vueltas por el pueblo. Después a ella la bajaron, le hicieron un simulacro de fusilamiento y la dejaron inconsciente en el piso. La encontraron su suegra y su cuñada, al amanecer.

Pese a estos relatos de los que hubo testigos, un tribunal absolvió a Duret, y fue con obstinación militante que ni entonces, ni cuando la Justicia se les reía en la cara, esos familiares y amigos decidieron la apelación a Casación. No había antecedentes y había poca esperanza, pero decidieron seguir recorriendo cada paso del camino posible. Cuando aquella tarde en el Florida Garden esos amigos de Chiche y de Gladis me contaron que venían de declarar en Casación, los admiré. Porque pasaron más de treinta años. Porque el golpe de la absolución fue un cachetazo. Porque seguir peleando por justicia era para todos ellos ya, evidentemente, una manera de vivir.

Los acontecimientos a uno lo dejan boquiabierto. Pero el desenlace de esta historia tuvo el peso reparador que se merecían todas las víctimas. Las que desde hace treinta años buscan a Chiche, como Gladis, y Chiche.

Que Casación haya revertido la absolución, que lo haya condenado, que Duret se haya escapado a Chile, que Chile lo devolviera en un reflejo automático que deja intacto el concepto de crimen de lesa humanidad, es un broche de justicia para todos esos familiares y amigos que nunca, ni cuando tantos otros simplemente se hubieran rendido envenenados de impotencia, dejaron de honrar la memoria de Chiche poniendo esperanza donde la esperanza era improbable. Más allá de celebrar el fallo de la Cámara, el crédito de la Justicia se lo merecen ellos.

 Fuente:Página12

CINCO CONDENAS Y UNA ABSOLUCION EN EL PRIMER JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA

Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

Alemann va a juicio oral

La Cámara Federal porteña confirmó el juicio oral y público al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann. El ex funcionario está acusado de presenciar en 1980 el interrogatorio bajo tortura de Orlando Ruiz, detenido ilegalmente en el centro clandestino de detención montado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún rechazaron el planteo de nulidad presentado por la defensa contra los pedidos de elevación a juicio. Según la causa, Alemann fue “a la sala de torturas y partos conocida como Huevera” y vio a Ruiz, detenido ilegalmente desde mayo de 1980, quien se encontraba “encapuchado, esposado y engrillado” y no denunció el hecho.

Fuente: Página12

Juicio a represores de la dictadura. Testimonios

Silvia Labairú contó cómo nació su hija en la ESMA y se la entregaron a sus suegros

“El cura sabía que era una secuestrada”

Durante un año y medio estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, y el Tigre Acosta hizo que su primo sacerdote le bautizara a su hija nacida en cautiverio. Contó que su caso fue excepcional: vio a otras embarazadas a las que les sacaron a sus hijos.

Jorge “El Tigre” Acosta es uno de los procesados. Enviaba a su primo cura a la ESMA.

Silvia Labairú ya había contado cómo se había organizado el bautismo de su hija mientras ella seguía secuestrada en la ESMA. Vera ya había nacido y por disposición de los marinos estaba con sus suegros. Silvia convenció a Jorge “El Tigre” Acosta para organizar la ceremonia de cristianización. El bautismo se hizo en la Iglesia San José, de Ayacucho al 1800, con un cura al que ella conocía porque la habían obligado a atenderlo cada vez que llegaba a la ESMA con carpetas llenas de artículos con las noticias de los asesinatos de esa guerra que iban ganando. El cura Eugenio Acosta era además primo hermano del jefe operativo de la ESMA. “Por supuesto que él ya sabía que yo era una secuestrada –dijo Labairú–, porque cuando bautizó a mi hija el cura dijo que esperaba que esta niña Vera no fuera mala como lo era su madre.”

Aún hoy Silvia Labairú no sabe por qué el Tigre Acosta la obligaba a atender a su primo: “Se presentaba con una careta así de grande con todos los artículos de prensa, donde se veía a cuántos grupos se había exterminado. Y venía a las doce de la noche y el capitán Acosta me hacía pasar a mí. No entendí nunca por qué tenía que atender a este señor y escuchar su charla en una oficina al lado de la suya. Sabía positivamente quiénes éramos nosotros y se presentaba para compartir la alegría por los asesinatos de las personas durante esa semana. Este era el clima”.

Desde Madrid, sentada frente a una computadora en el consulado argentino, Silvia volvió a dar testimonio en las causas de lesa humanidad, como lo hizo hace meses en el juicio por la ESMA, ahora en el debate por el Plan Sistemático de robo de bebés. Además del cura, en la audiencia mencionó otros dos nombres que dieron lugar a que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidiera remisión de la declaración al Juzgado Federal Nº 2 para una investigación paralela. Uno es Norberto Lataliste, hermano del dueño de la discoteca Mau Mau, a quien tuvo que reportarse ella después de su salida. Y el otro, el periodista Héctor Agulleiro, habitué de la Escuela de Mecánica de los marinos, nombrado director de Canal 13 en 1983. “Había personas del mundo civil, amigos del capitán Acosta que entraban ahí a ver el espectáculo: eran civiles que estaban cerca de esta gente, señoras de la alta sociedad, de la alta alcurnia, que celebraban con estos hechos.”

Como la clínica Otamendi

Silvia Labairú llegó a la ESMA el 19 de diciembre de 1976, con 20 años y un embarazo de cinco meses. De familia de militares, su padre era piloto de una línea comercial, pero pertenecía a la Fuerza Aérea; su abuelo, del Ejército, había sido ministro de Pedro Eugenio Aramburu. Ella era aspirante de la organización Montoneros, militancia que subrayó, y la ESMA tenía datos de sus parentescos. Alguna vez Acosta le advirtió que también iban a “chupar” a su padre, porque ella militaba en Montoneros y él, entonces, era un traidor. Después de la jura, de los datos protocolares pedidos por los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 6, Silvia volvió a la ESMA.

“Me adjudicaron el número 765, y a partir de ahí se suscitó un forcejeo en el interrogatario: me gritaban, me esposaron, me desnudaron, me golpeaban en un camastro pidiéndome información, era evidente mi estado de embarazo.” A los 20 días la llevaron a Capucha City: “Me tiraron en una colchonetita, con otros tirados en el suelo separados por tabiques, un número importante de secuestrados. Ibamos engrillados con cadenas cerradas por veinte eslabones”. La capucha; el engaño con el que dijo que tenía un mes más de embarazo como si eso sirviera de algo. Un balde, las necesidades físicas ahí. “En mi estado era realmente difícil además de vergonzante poder mantener equilibrio con un embarazo y tener que hacer necesidades delante de todo el mundo.”

La causa releva las condiciones físicas a las que eran sometidas las embarazadas para establecer la sistematicidad. Como a todo el mundo, “me despertaban con un golpe en la cabeza”, dijo. Recibió los mismos alimentos que el resto: mate cocido con un pedazo de pan a la mañana y el “bife naval”, un pedazo de carne fría. Hubo “excepciones” cuando “un jefe o una guardia” tenían “a bien facilitarme un saco de leche o vaso de leche de modo esporádico, y como cosa de piedad”. Hubo baños cada diez o quince días: “Me obligaban a desnudarme en situaciones en las que uno llamado Pedro Labruga me miraba con ojos lascivos estando muy embarazada”.

A los dos meses de llegar, otra compañera logró sumarla al trabajo esclavo con traducciones de inglés y francés. Silvia, que estuvo año y medio en la ESMA, debió, como contó una y otra vez, acompañar a Alfredo Astiz en la infiltración entre las Madres de Plaza de Mayo.

“A pesar de dejarme bajar a trabajar, Acosta no me miraba a los ojos, era como transparente para él y yo seriamente sospechaba que me iban a matar y que esperaban que diera a luz porque en ningún caso me trababan como de alguna manera trataban a los otros con los que conversaban.”

En abril de 1977 estaba de diez meses de embarazo. “El 28 de abril estaba en el sótano de la ESMA y rompí aguas y cuando lo dije llamaron a un enfermero. Me llevaron a la salita que paradójicamente era la misma donde me habían torturado el primer día.” El médico Héctor Magnacco llegó 45 minutos después. Una habitación para secuestrados empezó a funcionar como la Maternidad Clandestina de la ESMA o la Pequeña Sardá.

Como lo había dicho en la audiencia de la ESMA, Silvia contó ayer cómo el Ejército y la Marina buscaban a su cuñada María Cristina Lennie, oficial de Montoneros. Cuando los marinos le preguntaron qué fecha de nacimiento quería ponerle a su hija para inscribirla, trámite encargado a Astiz, ella le puso a su hija los datos de María Cristina Lennie: un mensaje en clave destinado a su familia también fue un mensaje cifrado para ellos. “Le puse Vera Cristina”, dijo y eligió la fecha del 18 de mayo de 1977 con la hora en la que los marinos encontraron y rodearon a María Cristina Lennie en un operativo en la calle y ella se tomó una pastilla de cianuro líquido para quitarse la vida.

Chicha de Mariani habla de las declaraciones del represor Etchecolatz sobre su nieta

“Es una tortura psicológica”

La mujer, que busca a su nieta secuestrada durante la última dictadura, contó que el ex segundo de la Bonaerense se negó ayer a aportar los datos que dijo tener. Cree que su objetivo es extorsionar a los que tienen a la joven o torturarla a ella.

“Le dimos la posibilidad de que hable y se echó atrás”, aseguró Chicha de Mariani.

“No tengo ninguna duda de que sabe qué pasó con mi nieta. Pero no tiene intención de decirlo, sólo quiere someterme”, consideró Chicha de Mariani respecto de los dichos en los que el represor Miguel Etchecolatz aseguró tener datos de su nieta de- saparecida, Clara Anahí. “Poca esperanza” en los aportes; “mucha pena”, aseguró tener la Abuela de Plaza de Mayo, quien busca a su nieta, desaparecida desde la misma noche de 1976 en la que policías represores asesinaron a su nuera. Ayer, el comisario retirado, que ya cumple una condena por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y que afronta otra por aquellos cometidos en el conocido Circuito Camps, se negó “rotundamente” a ampliar los “datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí” que supuestamente tiene en su poder, según dijo durante la declaración que prestó el lunes ante el Tribunal Oral Federal No1 de la Plata. “Dice que esperará a que termine el juicio para decirme qué pasó. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas”, concluyó Mariani.

–¿Cree que Etchecolatz tiene realmente la intención de aportar datos para encontrar a Clara Anahí?

–No. Me parece que los está negociando, está extorsionando a quienes tienen a la niña, o me está torturando a mí, una tortura psicológica. Ojalá este hombre tuviera un rasgo de humanidad y terminara con este infierno en el que vivo. No sé qué busca, es una más de sus canalladas. Hoy (por ayer) le dimos la posibilidad de que hable, y se echó atrás.

–¿Qué le propusieron?

–Sólo se le ofreció la posibilidad de concretar una entrevista con Juan María Ramos Padilla (amigo cercano de Chicha, juez de instrucción). El Tribunal aceptó la iniciativa, pero Etchecolatz se negó rotundamente. Yo no voy a ir, no quiero verlo. Ramos Padilla iría en mi representación esta misma tarde (por la de ayer) para escuchar lo que supuestamente sabe sobre mi nieta. Dijo que hablará después del juicio. Pero no voy a esperar un año y medio o dos para ese final. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas.

–¿Tienen alguna alternativa?

–Tomaremos otros caminos, pero aún no los hemos pensado. Declararé el miércoles que viene en el marco del juicio. Pienso decir todo lo que siento. y lo que deseo y lo que espero. Y después de eso, seguiré luchando.

–¿Etchecolatz es el único represor que está vivo y que puede tener datos de su nieta?

–Hay varios más. (El ex custodio de Etchecolatz, Norberto) Cozzani, (los policías) Carlos “Oso” García y Hugo Gullama, otros dos bonaerenses... Todos ellos participaron del operativo en el que asesinaron a mi nuera y se llevaron a Clara Anahí. Ellos saben perfectamente qué pasó. Muchas más personas deben saber, aquellos que mantuvieron relaciones de poder con esta gente. Cuando se llevaron a Clara Anahí me acerqué a la Iglesia (a la capilla Stella Maris) y el capellán me dijo que a mi nieta la tenía una familia de mucho poder. Mucha gente sabe, pero hicieron un pacto de silencio tremendo que no sé a qué atribuir. Pasaron 35 años y siguen mudos. Esta es la primera vez que se fisura, pero solo para molestar.

–¿Tiene alguna sospecha de quién puede llegar a ser esa familia poderosa que se apropió de su nieta?

–Sospechas tuve muchas a lo largo de todos estos años. Se hicieron análisis (de ADN) que no dieron compatibles. El último tramo de la búsqueda estuvo signado por este presentimiento mío de que Clara Anahí es Marcela Noble Herrera. Pero esa hipótesis también quedó en la nebulosa. Hay dos chicas más que se hicieron los análisis en estos días, pero ya no me hago ninguna ilusión hasta no tener los resultados sobre la mesa.

–¿Es la primera vez que escucha a Etchecolatz decir que tiene datos de su nieta?

–Es la primera vez. Se le ha preguntado muchas veces por información sobre la desaparición de mi nieta, y siempre negó saber nada. Nunca dijo nada. Ayer (por el lunes) mis dudas se confirmaron y siento pena. Ya tengo muchos años; tener que ponerme a pensar qué es lo que quiere, qué persigue con esto no es justo. Hubiera querido que la Justicia llegara antes (en el sentido del comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad). Estoy buscando a Clara Anahí, aportando datos a la Justicia, desde el día siguiente a su de-saparición. Siempre trabajé con la Justicia, además de buscarla hasta debajo de la tierra

Fuente: Página12

La inmortalidad de Pablo Neruda

LOS ENEMIGOS

Ellos aquí trajeron los fusiles repletos

de pólvora, ellos mandaron el acerbo

exterminio,

ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,

un pueblo por deber y por amor reunido,

y la delgada niña cayó con su bandera,

y el joven sonriente rodó a su lado herido,

y el estupor del pueblo vio caer a los muertos

con furia y con dolor.

Entonces, en el sitio

donde cayeron los asesinados,

bajaron las banderas a empaparse de sangre

para alzarse de nuevo frente a los asesinos.

Por esos muertos, nuestros muertos,

pido castigo.

Para los que de sangre salpicaron la patria,

pido castigo.

Para el verdugo que mandó esta muerte,

pido castigo.

Para el traidor que ascendió sobre el crimen,

pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía,

pido castigo.

Para los que defendieron este crimen,

pido castigo.

No quiero que me den la mano

empapada con nuestra sangre.

Pido castigo.

No los quiero de embajadores,

tampoco en su casa tranquilos,

los quiero ver aquí juzgados

en esta plaza, en este sitio.

Quiero castigo.

Pablo Neruda

Juicio a represores

Empezó el megajuicio por el secuestro y desaparición de 281 víctimas en el circuito represivo de Ramón Camps

Veintiséis represores frente a sus atrocidades

Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.

En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.

Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.

El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.

El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”

El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.

Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.

Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”

Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.

Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”

El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.

Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”

Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.

 Fuente: Página12

Todo llega... Juicio por la noche de los lápices

Se inicia en La Plata juicio oral por "La noche de los lápices"

Después de 35 años de ocurridos esos sucesos, la Justicia inicia el proceso contra 26 represores acusados por el secuestro de ocho jóvenes y la desaparición de seis de ellos, en 1976. También se ventilará el secuestro de Jacobo Timerman. Se inicia hoy (lunes 12) el juicio contra 26 ex represores acusados de crímenes cometidos durante la última dictadura (1976-83), entre ellos el secuestro y desaparición de ocho adolescentes en 1976 en el hecho conocido como "La noche de los lápices". El juicio se inicia a días de cumplirse 35 años del secuestro de los jóvenes en La Plata, ocurrido el 16 de septiembre de 1976, tras el reclamo de los estudiantes de secundario por el boleto estudiantil. "Significa un gran avance para la sociedad y un hecho reparador para las víctimas", dijo ayer (domingo 11) Emilce Moler, una de las dos sobrevivientes del hecho, secuestrada a los 17 años junto a otros siete estudiantes del nivel medio. Moler permaneció durante dos años en la cárcel clandestina "Destacamento Arana", a cargo del ex represor y entonces jefe de la policía bonaerense, el condenado y ya fallecido general Ramón Camps. Emilce relató a la justicia los tormentos padecidos por los jóvenes, seis varones y dos muchachas de entre 16 y 18 años. Veintidós ex policías, tres ex militares y un civil serán juzgados desde esta semana por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, acusados de perpetrar 280 crímenes de lesa humanidad en seis centros clandestinos de detención bajo las órdenes de Camps. Se estima que el proceso se extenderá varios meses, en los que se prevé tomar testimonio a unas 500 personas. También se abordarán otros casos emblemáticos de la represión ilegal, como el del secuestro del director del diario "La Opinión", Jacobo Timerman, padre del canciller argentino Héctor Timerman. Otro de los casos que abordará el juicio será el secuestro y tormentos al albañil Julio López, desaparecido desde 2006 tras testificar en el juicio en el que se condenó a reclusión perpetua al ex comisario y mano derecha de Camps, Miguel Etchecolatz.